Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó ante un juez de control de garantías a la representante legal suplente de la unión temporal que asumió el contrato de remodelación del estadio Alfonso López de Bucaramanga, Paula Marcela Moreno Martínez; y a los subcontratistas Ivy Xiomara Suárez Gómez y Andrés Julián Ulloa Moreno.

Estas tres personas habrían participado en la elaboración de 21 órdenes de giro, 12 cuentas de cobro y una factura de venta que relacionaban actividades que nunca se realizaron. Con esta documentación el contratista, al parecer, soportó parte de los dineros del anticipo y una solicitud de adición presupuestal que reconoció la Gobernación de Santander.

La investigación da cuenta de que esta maniobra, supuestamente, permitió la desviación y apropiación de recursos por parte del contratista, particulares y funcionarios.

En ese sentido, la Fiscalía imputó a los tres procesados el delito de falsedad ideológica en documento privado. El cargo fue aceptado por Paula Marcela Moreno Martínez y Andrés Julián Ulloa Moreno. Adicionalmente, a la señora Suárez Gómez le fue imputado el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.

La Fiscalía General de la Nación avanza de esta manera en la judicialización de los señalados responsables de las posibles irregularidades detectadas en el proceso de contratación y ejecución de las obras de reforzamiento estructural y adecuación del estadio de fútbol Alfonso López y otros escenarios deportivos de la Villa Olímpica de Bucaramanga, cuyo valor total superó los 29.700 millones de pesos.

Otros investigados.

Por las presuntas anomalías en el contrato de reforzamiento de los escenarios de la Villa Olímpica de Bucaramanga, el pasado 18 de mayo la Fiscalía imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y concusión al arquitecto contratista Edgar Fabián Báez Ariza; a la supervisora del contrato, Ana Lucia Wandurraga; y al exasesor jurídico de la Secretaría de Infraestructura de Santander, Sergio Andrés Pitta.

Estas personas, al parecer, filtraron información reservada y asesoraron ilegalmente al contratista durante el proceso de estructuración del pliego de condiciones. Adicionalmente, hay evidencia de que habrían omitido actos de supervisión y dilatados procesos de sanción por incumplimientos en las obras.